

El 4 de febrero de 2026 fue presentada en el Senado de la República una iniciativa para reformar el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de establecer bases constitucionales para el uso de sistemas de inteligencia artificial por parte de las autoridades.
La iniciativa plantea incorporar en el texto constitucional principios que obliguen a que el uso de inteligencia artificial en la administración pública:
El propósito es que la adopción de herramientas tecnológicas por parte del Poder Ejecutivo no quede únicamente en disposiciones administrativas, sino que tenga límites y parámetros de rango constitucional.
Aunque la iniciativa no modifica directamente la legislación laboral, sí puede generar efectos indirectos en procedimientos que impacten a empleadores y trabajadores, por ejemplo:
Al elevar estos principios a nivel constitucional, cualquier sistema de inteligencia artificial implementado por autoridades deberá cumplir estándares reforzados de transparencia, trazabilidad y respeto a derechos fundamentales.
La iniciativa representa un esfuerzo por anticipar riesgos derivados del uso de inteligencia artificial en la función pública, estableciendo límites normativos desde la Constitución.